El Gobierno ha aprobado y trasladado a los agentes sociales, sindicatos de inspectores de trabajo y comunidades autónomas el Plan Director contra la Explotación Laboral para los años 2018 – 2020 que supone un nuevo capítulo en la polémica del registro de la jornada diaria de los trabajadores, que tantas alteraciones ha sufrido en los últimos años.
A día de hoy, parece que hablar de aspectos legales de control horario en trabajadores es hablar de cierta incertidumbre: sentencias de la Audiencia Nacional, recursos del Tribunal Supremo, aumento de inspecciones, etc., pero sobre todo es hablar de un debate que trae de cabeza a empresarios que, de entrada, no saben si deben o no realizar el registro del horario de sus trabajadores.
Desde 2017 existe la obligación del registro de la jornada laboral cuando:
A. Existan contratos a tiempo parcial.
B. Se realicen horas extraordinarias.
C. Se realicen jornadas especiales.
Además, existen sobre estos aspectos otras obligaciones tales como no superar en ningún caso las 80 horas extraordinarias anuales para contratos de jornada completa.
El nuevo Plan Director contra la Explotación Laboral para los años 2018 – 2020 comprende una importante reforma en el registro de la jornada diaria de los trabajadores con el objetivo de establecer su obligatoriedad por parte de las empresas y, con ello, limitar los abusos en las figuras de contratación parcial, falsos autónomos y becarios.
Según palabras del Gobierno, la medida tiene el objetivo de "hacer frente al deterioro de las condiciones de trabajo que caracteriza al mercado laboral español en la actual etapa de salida de la última crisis económica".
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechaza obligar a las empresas a establecer el registro de la jornada laboral de sus trabajadores, porque considera que ya existen mecanismos de control horario, supone un cambio hacia lo antiguo, aumenta la burocracia y los costes empresariales, tiene problemas reales de aplicación, elimina las medidas de flexibilidad interna y de conciliación y es de muy difícil aplicación para las pequeñas y medianas empresas.
No obstante, pese a la oposición de la CEOE, todo hace indicar que el Gobierno incluirá en la próxima reforma laboral el registro de la jornada laboral de todos los trabajadores, sin excepción.
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