En términos del artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe elaborar y publicar anualmente un programa de mejora continua que establezca metas específicas en temas relevantes en materia tributaria como son el combate a la evasión y elusión fiscales, una mejora en la recaudación o la disminución en los costos de recaudación. Por ello, para el presente año, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) publicó el “Plan Maestro 2024” en virtud del cual señaló como principales ejes objeto de fiscalización las actividades vulnerables, los impuestos al comercio exterior e internos, las aplicaciones improcedentes de saldos a favor del impuesto al valor agregado, el mercado de combustibles, las operaciones simuladas, entre otras.
A lo largo de los años, el SAT ha buscado la forma en que pueda dar seguimiento a la fiscalización de operaciones que atentan contra la recaudación nacional a través de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, siendo la más agresiva la visita domiciliaria y la incorporación de la revisión electrónica en años posteriores. Sin embargo, el fisco federal se ha percatado de que sus esfuerzos no terminan de ser suficientes, por lo cual en el “Plan Maestro 2024” hace referencia a la implementación de modelos de analítica de grafos y machine learning, un programa de inteligencia artificial (“IA”) basado en el aprendizaje automático para la clasificación de operaciones de riesgo e identificación de contribuyentes que realizan prácticas evasivas y elusivas, así como para la detección de inconsistencias en los comprobantes fiscales digitales por Internet (“CFDIs”).
Machine learning es un programa que al día de hoy ya utiliza el SAT para poder recaudar de manera más eficiente. Dicha técnica informática utiliza algoritmos que detecta errores que va construyendo de manera automática hasta que ningún error se produzca más, por lo cual hará más práctica la labor del SAT que no se daba abasto con el personal asignado, ni con la infraestructura que utiliza para dar seguimiento de forma tradicional a sus facultades de fiscalización.
No obstante, la mera idea de que los contribuyentes seamos auditados por medio de IA provoca incomodidad a primera impresión por dos aspectos relevantes: (i) por el temor a que una máquina supla las deficiencias del fisco y sea más probable que un mayor número de contribuyentes sean detectados en operaciones simuladas, y (ii) porque es posible que se rompa la delgada línea entre la fiscalización y la violación de derechos fundamentales como la identidad, la dignidad y la seguridad. Al respecto, en 2019 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) emitió ciertas recomendaciones a los gobiernos para el diseño y uso de la IA, siendo las siguientes: (i) la IA debe estar principalmente al servicio de las personas; (ii) la IA debe diseñarse de manera que respete el Estado de derecho, los derechos fundamentales, los valores democráticos y la diversidad; (iii) el manejo de la IA debe realizarse de manera transparente y responsable, a fin de que las personas sepan cuando estén interactuando con ella y puedan oponerse a los resultados de dicha interacción; (iv) la IA debe funcionar de forma fiable y segura, y los potenciales riesgos deben evaluarse y gestionarse en todo momento; y, (v) las personas u organizaciones que la desarrollen o gestionen deben responder de su correcto funcionamiento en relación con los puntos anteriores.
En relación con lo anterior, naturalmente surgen interrogantes acerca del correcto manejo de la IA que pueda darle el SAT, pues en muchas ocasiones se han dado a conocer abusos por demás obvios cometidos por dicha autoridad tributaria. Sin embargo, siendo objetivos, es de reconocerse que de igual forma muchos contribuyentes buscan constantemente la manera de evadir el pago de sus impuestos, declarar menos ingresos de los obtenidos o simular operaciones que en la realidad no acontecen, para lo cual el uso de la IA podría ser una forma muy justa de detectar dichas operaciones fraudulentas, sin caer en los extremos del pasado como fue la reforma en materia penal de 2019 en virtud de la cual se consideraron los delitos de contrabando, defraudación y las conductas del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación relacionada con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y deducen operaciones simuladas (EDOS), como actos que atentaban contra la seguridad nacional y eran, por ende, considerados como delitos de delincuencia organizada.
Si bien el SAT ha puesto en práctica importantes avances en materia de digitalización como fue la implementación del buzón tributario, la revisión electrónica y los requisitos para la emisión de los CFDIs previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, aún existe mucho camino por recorrer para el fisco federal en relación al aumento de la eficiencia recaudatoria, la disminución de la evasión y elusión fiscales, el combate a la corrupción y una mejora en la atención al contribuyente. Por ello me parece que, siguiendo los principios sobre IA propuestos por la OCDE, la implementación de la IA en materia tributaria es una herramienta no sólo acertada, sino necesaria para que la autoridad fiscal federal pueda también cumplir con sus labores. La IA le servirá para ser un medio de identificación de los ingresos y gastos que se generan por contribuyente y contar con un registro de movimientos para identificar en tiempo real las operaciones que puedan ser simuladas.
En conclusión, la incorporación de la IA es un mecanismo necesario para que el SAT pueda frenar las prácticas elusivas y evasivas en materia tributaria, siempre y cuando se sigan con parámetros de manejo claros y públicos para evitar que se violen derechos fundamentales de los contribuyentes como el de seguridad y privacidad, disminuir los actos abusivos por parte del fisco federal y los resultados a los que llegue la IA sean siempre transparentes y auditables.
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