El 20 de julio de 2022, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Representación Comercial de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Comercio Internacional de Canadá, presentaron solicitudes para iniciar un procedimiento de solución de controversias en relación con políticas energéticas del gobierno mexicano, que consideran, han favorecido tanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como a Petróleos Mexicanos (PEMEX) en perjuicio de empresas estadounidenses y canadienses en aquel sector, violando así diversos compromisos pactados por los tres países a través del ya mencionado acuerdo comercial.

En ese sentido, el procedimiento de consultas constituye la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias previsto por el Tratado, por el cual los tres países deberán realizar acercamientos ministeriales en aras de solucionar la controversia planteada en materia energética. En caso de no alcanzarse una solución satisfactoria, Estados Unidos y Canadá podrían solicitar el establecimiento de un panel independiente que determine si las políticas controvertidas resultan violatorias del T-MEC, razón por la que México podría enfrentar sanciones comerciales.

Dicho lo anterior, las solicitudes presentadas por ambos países manifiestan que la política energética instaurada por el gobierno mexicano ha desincentivado la inversión en la materia, además de que contraviene el principio de trato nacional, estableciendo condiciones diferenciadas y menos favorables a las mercancías de ese país respecto a las similares de México, entre otros.

Así, la Secretaría de Economía informó que las solicitudes presentadas por Estados Unidos y Canadá contienen ciertos elementos comunes, por lo que buscará mantener un proceso coordinado con ambos socios comerciales a efecto de encontrar solución a la controversia.

En el caso específico de Estados Unidos, su Representación Comercial argumenta que las violaciones realizadas por el gobierno mexicano al T-MEC se manifiestan de manera concreta en las siguientes políticas o documentos:

A)Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo de 2021.

Manifiestan que la citada Reforma concede un trato más favorable y preferencial a la energía producida por la CFE en perjuicio de los productores privados de energía. Lo anterior, al cambiar el orden de despacho en el Mercado Eléctrico Mayorista en favor de las centrales pertenecientes a la empresa productiva del Estado.

B)Omisiones, retrasos, rechazos y revocaciones de permisos para que las empresas privadas puedan operar en el sector energético

Manifiestan que las autoridades mexicanas realizan una serie de medidas tendientes a demorar, negar o revocar, permisos a aquellas empresas que solicitan operar fuentes de energía renovable, importar o exportar electricidad y combustibles, almacenar o transportar combustibles, así como construir u operar estaciones de venta de gasolina.

C)Prorroga de plazo a favor de PEMEX para dar cumplimiento con la especificación de azufre en comercialización de Diesel automotriz.

Manifiestan que únicamente a PEMEX le fue concedida una prórroga de 5 años para dar cumplimiento a la NOM-016-CRE-2016 sobre especificaciones de calidad de petrolíferos, misma que establece valores máximos de azufre para la venta de Diesel automotriz en México, discriminando a los demás participantes del mercado.

D) Políticas de abastecimiento y transporte de gas realizadas por el CENAGAS

Manifiestan que el oficio número SENER.100/195/2022, a través del cual el CENAGAS (Centro Nacional de Control del Gas Natural) dispone que sólo podrá autorizar solicitudes de servicio de transporte si los usuarios comprueban que cuentan con contratos de suministro de gas natural con CFEnergía, viola el Tratado al prever un trato diferenciado y menos favorable a los productos de otros participantes del mercado.

Así, Estados Unidos y Canadá consideran que varias medidas en la política energética de México son inconsistentes con lo establecido en el T-MEC, al considerar que estas han bloqueado en gran medida la inversión estadounidense en la infraestructura de energía limpia en el país.

Bajo esos términos, Estados Unidos, Canadá y México tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante la etapa de consultas, pues de no llegar a un común acuerdo, Estados Unidos podría solicitar el establecimiento de un panel independiente que decida si la política energética del gobierno mexicano es contraria a lo establecido por el T-MEC y en caso de que así se decida, imponer sanciones comerciales a México.

Finalmente, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía declaró haber recibido las solicitudes de los Estados Unidos y Canadá para el inicio de consultas, externando su voluntad para alcanzar una solución satisfactoria para las tres partes.

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