El Salvador: Bitcoin: El Mundo Pone Sus Ojos En El Salvador

A medida que las criptomonedas y otros activos digitales adquieren mayor protagonismo en el panorama financiero, hoy El Salvador es noticia en todo el mundo por su adopción del Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal en el país.

A partir del 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el Bitcoin como divisa de curso legal, mediante la entrada en vigor de la Ley Bitcoin y el Decreto N.° 27 que contiene el Reglamento de la Ley Bitcoin, haciéndolo de uso obligatorio para todos los salvadoreños y las empresas presentes en la jurisdicción. El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entidad que regula la contabilidad en El Salvador, emitió una guía de aplicación contable del Bitcoin que contempla la forma de contabilizar las transacciones. Se ha tomado en consideración el cumplimiento de los elementos de activos establecidos en el marco conceptual de las normas NIIF y el uso para los cuales la empresa mantendrá los criptoactivos: medio de pago (activo corriente) y trading (activo no corriente).

El Salvador ha apostado al futuro y pretende impulsar la inclusión financiera en el país dado que el 70 % de la población no posee una cuenta bancaria. Uno de los principales objetivos del gobierno es el de promover la inversión desde cualquier parte del mundo, descentralizando el sistema financiero y generando una tasa más competitiva para la recepción de remesas, que representan el 16 % del PIB del país.

Incentivos fiscales y oportunidades 

Si bien es notable que las empresas aún no tienen acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en BTC, las transacciones con la criptodivisa, que recientemente alcanzó su máximo histórico, resultan tener una ventaja competitiva respecto al manejo de otros activos; los intercambios no estarán sujetos a ningún impuesto, ya sean ganancias de capital, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la renta, etc. Adicionalmente, el gobierno ofrece la facilidad de realizar pagos de contribuciones impositivas por medio de esta divisa.

El principal objetivo del uso del BTC es del de incentivar la inversión extranjera , ofreciendo costos más bajos, procesos de compras más simples y la seguridad que ofrece el uso de blockchain en los procesos internos de las empresas. 

Dentro de las medidas para incentivar la economía y el uso del BTC, el gobierno salvadoreño creó la billetera digital "Chivo" y entregó un bono de USD 30 a cada ciudadano que puede ser utilizado para la compra de bienes y servicios. Además, se creó un fideicomiso por USD 150 millones para garantizar la realización del Bitcoin a dólares. Debido a la volatilidad de la criptomoneda hasta la fecha, el gobierno de El Salvador ha manifestado públicamente que los salarios, pensiones y fondos que se encuentren en las cuentas bancarias de los salvadoreños se mantendrán en dólares.

Principales riesgos 

Dentro de los riesgos más significativos que puede tener el uso del Bitcoin, se encuentra la posibilidad del blanqueo de capitales y la dificultad para identificar a las partes involucradas en la transacción, lo cual implica mayores esfuerzos y más costos. No obstante, el reglamento de la ley del Bitcoin ha tratado de mitigar este riesgo, estableciendo normas de conducta para los proveedores de servicios de BTC en el país, tales como:

• Mantenimiento de un programa contra el lavado de dinero.
• Supervisión por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero.
• Políticas en torno a los límites en las transacciones de Bitcoin dentro de sus plataformas de acuerdo con el programa de debida diligencia, gestión de riesgos y lavado de dinero.
• Conservación de libros y registros que reflejen con precisión los activos, pasivos y patrimonio del proveedor de servicios de Bitcoin, así como los registros de cuentas de clientes relevantes para cada transacción.

En el proceso de adopción es muy importante la educación de los inversores. Las compañías de servicios financieros deben asegurar la capacitación de su personal involucrado en procesos de riesgo de lavado de dinero y a su vez adaptar las políticas internas de las compañías.

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