La migración climática, como resultado del cambio climático, ha provocado migraciones masivas en diversas comunidades debido a las condiciones ambientales extremas que han surgido. Este fenómeno se manifiesta cuando un hábitat se vuelve insostenible, lo que ha desencadenado fuertes consecuencias en el desplazamiento de poblaciones a otros lugares en donde puedan residir.
En este sentido, la migración por motivos climáticos representa uno de los desafíos más retadores a nivel internacional, planteando retos para los países, pues estos deben acoger a los migrantes afectados por el clima y cuya única opción es mudarse de lugar. Por ello, estos países se ven en la necesidad de desarrollar nuevas políticas migratorias y espacios de readaptación para abordar esta creciente problemática.
Justamente y como resultado de esto, podemos evidenciar que a la fecha se han suscrito acuerdos como el Acuerdo sobre el Cambio Climático de París o el Pacto Mundial para la Migración, los cuales tienen referencias para hacer frente a la migración medioambiental, en donde se presenta una visión integral sobre cómo los Estados pueden manejar esta problemática ahora y en el futuro, buscando soluciones como la permanencia de la población en su lugar de origen y brindarles nuevas alternativas o condiciones para adaptarse a su nuevo contexto, como lo serían las alternativas de carácter migratorio para que las personas puedan migrar de manera segura y regular.
En este orden de ideas, lo más importante aquí es lograr que los gobiernos e incluso el sector privado busquen involucrarse y reúnan soluciones o servicios adaptados para responder a los desafíos de la migración climática. De hecho, un ejemplo de esto fue una idea que surgió en Nueva Zelanda, en donde el país ha establecido un programa de visas especiales para los residentes de las Islas del Pacífico, este tipo de visa está dirigida a las personas afectadas por los fenómenos climáticos, y a las personas que puedan demostrar que enfrentan dificultades relacionadas con el cambio climático. Con esto cada vez hay más pruebas de que la movilidad laboral es una estrategia de resiliencia climática (International Labour Organization, 2021), y es que justamente los migrantes pueden traer nuevas habilidades y experiencias laborales.
Mientras tanto, en Australia se ha visto una iniciativa para recibir migrantes climáticos de la isla Tuvalu (Islas del Pacífico), la cual pretende mejorar la movilidad y la protección de estas personas, pues por los fuertes cambios de nivel del mar correo el riesgo de su desaparición. En este orden de ideas, los habitantes tendrían el derecho de vivir en Australia por un posible acuerdo entre ambas partes, en donde tendrían la oportunidad de un trabajo seguro y ver a la migración como una estrategia de desarrollo sostenible. Este es uno de los primeros acuerdos sobre movilidad relacionada con el clima, en donde se busca demostrar una estrategia de resistencia contra el cambio climático.
Por otro lado, un ejemplo de esto es el Proyecto implementado por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina, que tiene como finalidad brindar proyección humanitaria o reubicación a personas que han sido desplazadas por desastre socio-naturales otorgando un permiso de ingreso temporal. Este fue un proyecto creado para atender a los desplazamientos transfronterizos por desastres naturales, e involucró a varios actores como ACNUR o la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores para dar continuidad al mismo.
En resumen, se destaca la necesidad de abordar la migración climática de manera integral mediante políticas, programas e incentivos tanto del sector público como del privado. Se propone la creación de políticas sostenibles que fomenten el desarrollo e inclusión, brindando oportunidades de empleo a trabajadores migrantes a través de programas de visado especiales o permisos de trabajo. Por lo anterior, se hace un llamado a la participación de todos los actores involucrados para mitigar los efectos del cambio climático y desarrollar programas e incentivos que promuevan la inclusión de la población migrante afectada. Tanto los gobiernos como empresas deben formular políticas integrales en donde también participen organizaciones laborales y contribuir a un proceso seguro e inclusivo.
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